Un hogar típico de clase media de Capital Federal, de la categoría R23, que usa el gas para cocinar, agua caliente y dos estufas, consumió 403 metros cúbicos en el bimestre junio-julio de 2018, y pagó $3.299 en dos cuotas mensuales. Con los valores que están vigentes actualmente hubiera pagado $5.061 en dos cuotas, lo que equivale a un aumento del 53,4%.
Si el aumento del próximo 1 de abril se mantiene en el 30% anunciado ahora, el mismo hogar va a pagar por la factura de junio-julio de este año, $6.580 en dos cuotas de $3.290 cada una.
El propio secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, fue el encargado de anunciar que el aumento de abril no superará el 30% e incluso podría ser menor. Lo hizo un día después de conocerse que la inflación de enero había llegado al 2,9%, en un intento por bajar las expectativas a una aceleración de los índices en los próximos meses.
Lo cierto es que no se puede saber cómo se están haciendo los cálculos, y recién esta semana las distribuidoras de gas deberán presentar los cuadros tarifarios que se debatirán en la audiencia pública del 26. Pero incluso entonces hay que recordar que después el Gobierno a través del Enargas puede limitar el precio del gas que perciben las petroleras y el ajuste por precios mayoristas que por contrato les corresponde a las distribuidoras y transportistas.
Lopetegui atribuyó que el aumento a aplicar se redujera del 35 al 30% a la subasta de gas que se realizó entre jueves y viernes. El jueves el precio promedio había sido de u$s4,62, y tras la subasta del viernes, el promedio se redujo a u$s4,56.
El viernes, se subastó el gas de la cuenca noroeste que es principalmente el que se importa de Bolivia. Según los datos del IAPG, en noviembre el gas local proveniente de esa cuenca equivalía solo al 4,5% del total producido en el país, unos 5,5 millones de metros cúbicos diarios.
Esto significa que el principal volumen de gas asignado el viernes (8,6 millones de metros cúbicos diarios en el invierno) corresponde al gas de Bolivia que importa IEASA, la ex Enarsa. También implica que el precio adjudicado que fue de u$s 4,30 es sustancialmente menor del que se paga a Bolivia: u$s6,40, según dijo Lopetegui el viernes.
La consecuencia es que seguirán aumentando los subsidios que el Estado debe girar a IEASA para que ésta pague el gas de Bolivia, y los que son más caros: el para regasificar en Escobar y el que se compra a Chile.
Pero el problema no pasa por ahí desde el punto de los consumidores. Lo que resta saber es a qué precio las distribuidoras contrataron o van a contratar el gas que les falta para cubrir las necesidades del invierno. Si, como se insiste en fuentes vinculadas a las productoras, el precio tenderá a confluir con el de la subasta, el valor del gas desde el 1 de abril se ubicaría en u$s 4,56 promedio.
En tanto, el precio del producto en las tarifas actuales es de u$s 4,1 a un dólar de $37,69, lo que arroja un valor de $154,53 por millón de btu. Si se estima el tipo de cambio que regirá en la primera quincena de marzo, que es el que se utilizará, en $40, el valor del gas de u$s 4,56 a trasladar a las tarifas, sería de $182,4 por millón de btu, o sea un aumento del 18% con relación al actual.
Como en una factura sin impuestos, el valor del gas representa alrededor del 60%, la incidencia en tarifa final antes de los gravámenes, sería del 11%. Si a su vez se estima que el otro 40% (transporte y distribución) debe tener un ajuste en torno al 30%, el impacto en la tarifas sería del 12%. En total de 23 a 25%, de modo que sigue sin explicarse por ahora por qué el aumento se proyecta en un 30%.
Se insinúa además otro problema con la subasta que puede impactar en la audiencia pública. En un documento, el Instituto Argentino de la Energía, que preside el ex secretario, Jorge Lapeña, indicó que “hay que tomar como referencia el precio que pagan otros segmentos de la demanda como la industria o el GNC, que acuerdan contratos de manera libre y que podría ser considerado como “precio tope” para la primera subasta de compra en firme”.
Según el IAE , “el gas residencial comprado masivamente por una distribuidora no debería tener un precio superior al gas masivo comprado por una industria, una usina eléctrica o una GNC”. Un tema que, de acuerdo al documento, debería ser analizado por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
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