“Presentaremos hoy un recurso de reposición, que es la primera acción administrativa. Si no tenemos una respuesta positiva, iremos a la Justicia porque nos parece que (la medida) no resiste ningún análisis”, manifestó Guido Lorenzino.
“Es de las peores resoluciones que hemos visto y nos pone a todos en un nivel de asombro que no podemos entender. El gobierno, particularmente el área de energía, cuida el capital de las concesionarias, y no el de los usuarios”, añadió el Defensor del Pueblo bonaerense en declaraciones a radio Milenium.
A fines de septiembre, el secretario de Energía, Javier Iguacel, confirmó que el precio del gas natural por red aumentará entre un 30 y un 35 por ciento y aseguró que los valores de aumento salieron de las audiencias públicas.
El viernes pasado, el Gobierno autorizó a las distribuidoras de gas a cobrar a los usuarios un importe “extra” en 24 cuotas mensuales, para “compensar” el impacto de la “marcada variación del tipo de cambio”.
Fuentes del mercado energético indicaron a la agencia NA que ese monto extra que saldrá de los bolsillos de los usuarios e irá a parar a las arcas de las compañías -en un proceso de dos años- rondará los 10.000 millones de pesos.
En tal sentido, Lorenzino confió en llegar a fin de año con la resolución impugnada y no vigente.
“Tenemos dos meses para que la justicia tome nota que no es un capricho, esto es algo que no resiste el menor análisis”, indicó.
“Todos vamos a levantar la voz, no solamente la defensoría, sino también los legisladores, la oposición y la sociedad civil. Esta resolución no debe seguir adelante. No puede ser que pague la gente lo que tienen que absorber las empresas”, agregó.
En relación a las manifestaciones de Iguacel en el sentido de que los opositores a la medida intentan “asustar a la gente”, el defensor del pueblo señaló que “no hay respeto, el secretario Iguacel debería rectificarse”.
“Debería pedir disculpas a todos los argentinos que no pueden pagar el gas, tenemos muchos casos de gente que se está endeudando para poder pagar la factura de luz y de gas, y él lo que hace es descalificarlos”, expresó.
25 de enero. El avance del cuentapropismo, la informalidad y los trabajos fragmentados ya no es una excepción sino una regla. Casi la mitad de los ocupados trabaja fuera del empleo formal tradicional, en un mercado laboral que se reconfigura al ritmo de la crisis económica.
05 de enero. El intendente Juan Pablo García dispuso una reducción salarial que incluye a su propio cargo como parte de una política de austeridad y ordenamiento financiero. Desde este lunes se encuentra de licencia y será reemplazado por Guillermo Ibarra hasta el 15 de enero.
02 de enero. Cristian Popovich, que gobernó el distrito entre 2009 y 2015, recibió una condena excarcelable de 2 años y 6 meses, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
02 de enero. Nahuel Guardia solicitó una reunión con las autoridades de la empresa prestadora del servicio para evaluar una posible cooperación en la realización de obras que sean necesarias para evitar la falta de presión y la interrupción total del suministro.
29 de diciembre. A instancias de Juan Pablo García, el Concejo Deliberante tratará esta tarde una normativa que “incorpora nuevas herramientas para combatir la contaminación sonora y mejorar la seguridad vial”.
29 de diciembre. Un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP) evaluó la transparencia fiscal de los 135 municipios bonaerenses y determinó que 13 comunas de la Quinta Sección cumplen con la publicación completa de datos presupuestarios y de ejecución, mientras que otras presentan niveles medio, bajo o nulo de cumplimiento.
24 de diciembre. Un paro de empleados municipales por tres días expone un fuerte conflicto salarial con la gestión local, afecta servicios esenciales y vuelve a encender alertas en el mapa político bonaerense, en un escenario que no es aislado y se repite en distintos distritos.
18 de diciembre. La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en general el proyecto de ley, pero en la votación en particular el capítulo XI fue impugnado. El proyecto ahora pasa al Senado.