Qué es la justicia menstrual sostenible

La Subsecretaria de Asuntos Parlamentarios de Jefatura de Gabinete y la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, presentaron este mes el informe “Justicia Menstrual: Igualdad de género y gestión menstrual sostenible”, que profundiza en el impacto económico que genera en mujeres y personas que menstrúan el acceso a toallitas, tampones y copas menstruales.

El mismo advierte que las mujeres tienen una menor participación en el mercado laboral que los varones, en términos estadísticos las mujeres ganan menos, enfrentan los mayores niveles de desempleo, tienen empleos más precarios. Una consecuencia de esto, es la sobrerrepresentación de feminidades en los hogares pobres, lo que se conoce como feminización de la pobreza.

A la marcada proporción que existe entre la participación en el mercado laboral formal entre los varones cis en relación a las mujeres y diversidades, se suma muchas veces el gasto que conlleva ser una persona menstruante, cuyos productos hoy en día no se encuentran regulados. Esto genera que quienes tienen menores recursos enfrentan obstáculos para acceder a ellos, que implica consecuencias sobre su vida cotidiana. Las barreras económicas al acceso de productos de gestión menstrual tiene implicancias en la salud, la educación y el trabajo.

El informe advierte que mujeres, niñas, varones trans y personas no binarias que provienen de sectores populares deben ausentarse de la escuela o de sus puestos de trabajo, dejar de hacer actividades deportivas o de esparcimiento y, en algunos casos, recurren a alternativas para gestionar su menstruación que pueden afectar su salud, como el uso de trapos o elementos no higiénicos.

En el diagnóstico presentado, se sostiene que la crisis generada por la pandemia de COVID-19 reforzó las desigualdades económicas preexistentes y tuvo un impacto asimétrico sobre quienes poseían trabajos informales, las mujeres y las personas jóvenes, que perdieron empleos e ingresos.

El costo de menstruar

De acuerdo al informe, la gestión de la menstruación y el costo de menstruar genera mayores desigualdades que afectan especialmente a las mujeres y personas que menstrúan más pobres. El costo de menstruar implica pagar anualmente desde $3.228 (toallitas) hasta $4.327 (tampones). Así, el costo anual equivale al 44% de una Canasta Básica Alimentaria (CBA diciembre 2020: $7.340) o al 87% del monto de una Asignación Universal por Hijo/a (AUH diciembre 2020: $3.717).

Asimismo, las mujeres de deciles más bajos tienen ingresos de $4.021 mensuales. Es decir, para un hogar pobre, con dos mujeres que menstrúan y un único ingreso,el gasto anual equivale a un mes y medio de ingresos. Menstruar representa un costo extra e inevitable.

En este marco, medidas como la inclusión de los tampones y toallitas en la canasta de Precios Cuidados tiene un impacto sustancial a la hora de disminuir el costo de menstruar.

Cómo se gestiona la menstruación:

Según este informe realizado en el marco del Foro de Justicia Menstrual, gestionar la menstruación requiere ciertas condiciones previas para las mujeres y personas menstruantes que son esenciales: el acceso al agua limpia, instalaciones sanitarias acordes, acceso a productos de gestión menstrual ( toallitas, tampones, paños absorbentes lavables, copa menstrual, entre otros).

Además es imprescindible trabajar los tabúes que rodean a la menstruación, que muchas veces pueden ser un obstáculo para el acceso a derechos. Es por eso que también es necesario potenciar la educación sexual y reproductiva y contribuir al acceso a productos de gestión menstrual.

Es así que para hablar de Justicia Menstrual es necesario, no solamente poner en agenda las problemáticas en torno a la concepción de la menstruación, sino también actuar sobre la realidad. La acción del Estado es necesaria para contribuir a una gestión menstrual saludable, inclusiva, accesible y sustentable, por esto dentro del informe se definen acciones para avanzar en un esquema integral del tratamiento de la gestión menstrual como una cuestión de equidad y de justicia social.

Entre las acciones necesarias con impacto en las realidades se establece la necesidad de eliminar distorsiones de precios sobre los productos de gestión menstrual y garantizar precios accesibles para toda la población; Promover el acceso a la educación sobre la gestión menstrual por parte de todas las poblaciones, con un abordaje de género y diversidad que contribuya a menstruar con salud y libre de prejuicios; Promover la producción de productos de gestión menstrual sustentable en términos ambientales, investigar el impacto ambiental derivado de la utilización de productos de gestión menstrual y promover el uso de materiales reciclables.